Iglesias y Montero son «grandes propietarios» según Podemos: tienen 4 casas y 8 cuando hereden

Pablo Iglesias e Irene Montero serán «grandes propietarios» según la nueva Ley de Vivienda que propone Podemos para todos aquellos que posean cinco o más viviendas. La pareja suma 4 casas en la actualidad (el casoplón de Galapagar, un piso en San Blas, una casa de planta baja en Ávila y la casa-cabaña de Casavieja en esa misma provincia). Tras recibir las herencias que tienen aseguradas porque son hijos únicos ambos, superarán ampliamente el umbral fijado por Podemos: tendrán 8 viviendas entre los dos.

El vicepresidente segundo del Gobierno, entre compras y herencias, contará con seis residencias (la mansión de Galapagar, un piso en el centro de Madrid, un dúplex en el casco antiguo de Zamora, una VPO, un piso en urbanización con piscina en Vallecas y la cabaña que se compró en Casavieja, en Ávila). Irene Montero, además del casoplón, posee ya un piso en San Blas y una casa de planta baja en Ávila. En total, ocho viviendas a las que habrá que sumar otras cuatro propiedades (un local comercial, un almacén, un solar y una finca rústica).

El vicepresidente y la ministra ya se han asegurado un patrimonio familiar de 12 inmuebles que ascienden a un valor total aproximado de 2,7 millones de euros. Si se aprueba la Ley de Vivienda que están impulsando tendrán que dedicar al menos dos de sus casas a alquiler social.

Al ser hijos únicos van a heredar todas las viviendas que actualmente están en manos de sus padres. De hecho, la ministra de Igualdad ya recibió ante notario, en octubre de 2018, cinco inmuebles (uno en Madrid y cuatro en Ávila) procedentes de la herencia de su padre, Clemente Montero, quien falleció de cáncer pocos meses antes tras trabajar toda la vida en una empresa de mudanzas en Rivas Vaciamadrid.

En el caso de Pablo Iglesias, recibirá en su momento otros tres inmuebles que procederán de su madre, la abogada de Comisiones Obreras María Luis Turrión, y dos pisos (uno en el centro de Madrid y otro en Zamora) de su padre, Francisco Javier Iglesias Peláez.

De este modo, los líderes de Podemos, que han apoyado al movimiento okupa e iniciaron su carrera política denunciando las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda digna, van a reunir un patrimonio familiar de 12 inmuebles.

En este punto, Podemos ha anunciado este lunes que propondrá en la nueva Ley de Vivienda que se definan como «grandes tenedores» a los propietarios que tengan cinco o más viviendas. El planteamiento del socio minoritario del Gobierno en coalición es que sea obligatorio que estos grandes tenedores dediquen el 30% de sus hogares al alquiler social. En el caso de los dirigentes morados, como tendrán 8 casas, entre 2 y 3 tendrán que ser destinadas a familias vulnerables.

De esta forma, Podemos apuesta por reducir la definición de gran propietario establecida en el decreto antidesahucios, fijada actualmente en diez o más inmuebles. También piden hacer permanente la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables y desplegar medidas «efectivas» que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler.

Discrepancias

Las negociaciones para definir la nueva Ley de Vivienda están congeladas hasta después de las elecciones catalanas del 14 de febrero, algo que ha sido criticado duramente por los morados. También afean al Ministerio de Transportes, que lidera el socialista José Luis Ábalos, que se niega a enviar el borrador completo del texto legislativo hasta después de la cita con las urnas. Dan a entender que se debía «presumiblemente» a la «falta de ambición» de la nueva norma.

Desde Podemos han admitido «discrepancias sustanciales» con el PSOE en lo relativo a la Ley de Vivienda y reprochan a su socio que continúen «negando o ignorando» la gran mayoría de las propuestas que la fuerza política de Pablo Iglesias ha planteado mediante la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra.

Por su parte, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, rechazó ya el pasado martes que la prohibición de desahucios a población vulnerable recogida para el estado de alarma se debe incorporar en la nueva Ley de Vivienda, como pide Podemos, porque era una medida aprobada con carácter temporal.

Crítica a los retrasos

Por ahora, el ministro José Luis Ábalos, enfatizó que su equipo «es el proponente» y el que está trabajando en un borrador. Será el primer texto con carácter estatal de la historia. «Hay compromiso de presentarlo en el Consejo de Ministros y hay compromisos políticos con nuestro socio de Gobierno, Unidas Podemos, pero el Ministerio proponente es este», ha aclarado.

Rápidamente, Ione Belarra replicó recordando que el acuerdo con el PSOE sobre los Presupuestos Generales pauta que la Vicepresidencia de Derechos Sociales sería coproponente de la nueva Ley de Vivienda y que la nueva norma estaría preparada en únicamente tres meses.

«No se justifican en esta situación ni retrasos, ni deslealtades al acuerdo de Gobierno», remarcó en redes sociales para subrayar que España «vive una emergencia habitacional que afecta a millones de personas que cada mes se ven en dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca». Así, la secretaria de Estado abogó porque el país requiere con urgencia de una nueva ley que «ayude a bajar los precios del alquiler y frenar los desahucios».